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Puntualmente la denuncia es por comisión de hechos punibles contra el patrimonio, contra la prueba documental y contra el ejercicio de las funciones públicas, según manifestaciones del titular de la ANNP.
Explicó que los funcionarios adulteraban las facturas, registrando en el sistema de gestión (Sistema Sofía) un monto menor al que realmente percibían, al dar despacho a mercaderías ingresadas en las terminales.
Los datos sobre las irregularidades fueron arrojadas por las auditorías hechas en las terminales de Pedro Juan Caballero y Villeta. Esta acción generó un faltante de alrededor de G. 2.100 millones en el periodo de enero a septiembre de este año, solo en Pedro Juan Caballero, mientras que el daño patrimonial de Villeta aún se está cuantificando.
“Esta cultura de corrupción que priva de ingresos genuinos a la entidad causa tremendo perjuicio, en este caso a la ANNP ya que impide la desprecarización de los funcionarios, la inversión en infraestructura y modernización de equipos con el fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios y competir en el sector privado” expresó Retamozo.
Destacó que está información fue recabada gracias a las intervenciones y auditorías realizadas por la nueva administración y que emitieron una resolución para auditar todas las gestiones de las autoridades anteriores, incluyendo la actual. También solicitaron a la Contraloría General del Estado acompañen este proceso.
La denuncia fue hecha sobre personas innominadas y dejarán que las investigaciones del Ministerio Público individualicen a los responsables. No se apartó a ningún funcionario pero sí se designaron nuevos responsables en diversas áreas.
Por su parte, el ministro Julio Ullón destacó que los resultados arrojados por la auditoria en la ANNP y afirmó que este mismo procedimiento se estará aplicando en las demás dependencias del Estado en pos de la transparencia. Contó que fue importante la colaboración de las empresas privadas, quienes brindaron su documentación para cotejar con los datos la Administración de Puertos y determinar cuales fueron las facturas adulteradas.
A su vez, Carlos Arregui, asesor en las áreas de transparencia e integridad de la Presidencia, señaló que quedan a la espera de los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y otras intervenciones se harán conforme a un cronograma ya establecido por el Ejecutivo.