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Este miércoles, la fiscala Nadine Portillo y un equipo de peritos se constituyeron en la oficina de la Asesoría Jurídica, en busca de pruebas que confirmen de dónde se originó la nota, quién la redactó y qué día fue redactada la misma.
Las versiones que se manejan en la investigación indican que el escrito se habría presentado en una fecha posterior a la que fenecía el plazo para hacerlo, que era de 10 días.
Para la agente fiscal es relevante encontrar si ese escrito se redactó después del plazo estipulado por los tribunales. De ser así, se comprobaría la falta.
El concejal Carlos Arregui aseguró que la Municipalidad está a disposición para todas las investigaciones que la fiscala necesite hacer, y señaló que es importante determinar “la cadena eventual de participación de todas las personas que estuvieron a su cargo ese expediente, de tramitarlo y llevarlo a los tribunales”.
La fiscal se encuentra trabajando con informáticos, peritos y asistentes técnicos, de manera a cerciorarse de cuál de las computadoras salió el escrito. Además, algunas máquinas serán incautadas para poder hacer un cotejo posterior.
“Una vez que se descubran estos datos, se coadyuvará a esclarecer en qué computadora se redactó realmente, quién era el usuario y cuándo ocurrió esto”, expresó Arregui.
Tras el conflicto jurídico entre la Municipalidad de Asunción y la firma Ivesur, luego de que la empresa demandara a la Comuna por incumplimiento de contrato, la situación se volvió aún más confusa luego de que la asesoría jurídica, a cargo en ese momento de Enrique García, asegurara que presentó una apelación. Sin embargo, nunca se encontraron registros de este escrito en la Cámara Civil, Primera Sala, por lo que se presumió una falsificación del documento. Posteriormente, la Fiscalía realizó una pericia caligráfica que arrojó como resultado que la firma que aparece en el documento, confirmando el “recibido” no corresponde a ninguno de los funcionarios judiciales.
Un tribunal arbitral había fallado a favor de la empresa Ivesur. La firma había requerido a la Municipalidad de Asunción un resarcimiento económico de US$ 12 millones por incumplimiento de contrato pero, finalmente, se determinó que fueran unos US$ 3.600.000, más costos y honorarios de abogados de ambas partes.
Ivesur había planteado dos demandas a la Municipalidad: la primera, porque la cantidad de vehículos habilitados por la Comuna no coincidía con el número de inspecciones realizadas, haciendo referencia a una “caja paralela”; y la segunda, porque todos los vehículos que ingresan al ejido capitalino, incluso los que no tienen patentes de la capital, deben tener hecha la ITV, hecho que no ocurría.
La supuesta negligencia del entonces representante legal de la Comuna, Enrique García, al no apelar el fallo del laudo arbitral, puede provocar un perjuicio total de US$ 4.281.000 a la Comuna. Esta debe pagar US$ 3,6 millones a Ivesur y los honorarios de los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia (representantes de la firma) US$ 454.000 y US$ 227.000, respectivamente.
Sin embargo, García asegura que sí presentó la apelación en forma, aunque no hay registros que sustenten su afirmación.