Hace siete años que la narcopolítica asesinó al periodista Pablo Medina

Era el jueves 16 de octubre de 2014. Pablo Medina Velázquez llevaba 16 años trabajando como corresponsal del diario ABC Color en el departamento de Canindeyú.

Pablo vivía en la ciudad de Curuguaty con su señora, una hija y un hijo adolescentes. Sus padres y otros familiares residían en la ciudad vecina de Capiibary, correspondiente ya al departamento de San Pedro.

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“Buen día jefa. Voy a colonia Ko’ê Porã (Villa Ygatimí), Ára Vera y Crescencio González (Ypejhú). Caso ataque masivo de marandova en cultivos de mandioca e intervención de FNC en fumigación. Hora de regreso recién a la tardecita. Aviso al llegar a mi base”, fue el último mensaje que envió aquella mañana el corresponsal al grupo de WhatsApp de la sección Interior de ABC Color.

Efectivamente, Pablo hizo un largo recorrido aquel día en la que sería su última cobertura.

Las dos hermanas Almada Chamorro, que trabajaban en Curuguaty, aprovecharon el viaje de Pablo para ir a visitar a sus padres en Villa Ygatimí, ciudad por donde iba a pasar el periodista camino al lugar donde a su vez ya le esperaban sus entrevistados.

Las dos hermanas se quedaron a saludar a sus padres, pero al final decidieron acompañar al periodista en su cobertura, como una especie de agradecimiento por haberlas llevado.

Sin embargo, ya cuando estaban regresando a Curuguaty, la camioneta Mitsubishi L-200 blanca, doble cabina, fue retenida por dos hombres vestidos de para para’i. Fue en un camino vecinal justamente 10 kilómetros antes de Villa Ygatimí.

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“¿Nde pio la Pablo Medina?”, preguntó el matón. Cuando Pablo contestó que sí, el criminal le disparó con una escopeta. En simultáneo, el otro hombre rodeó el vehículo y descargó su pistola, matando también a Antonia, quien estaba al lado.

Juana, quien estaba en el asiento de atrás, se tiró al piso y milagrosamente no fue vista por los dos criminales.

<b>Identificación, captura y condena</b>

Dos semanas después del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, la Policía y la Fiscalía presentaron su informe conclusivo preliminar, en el que expusieron a todos los involucrados.

Gracias a un cruce de llamadas, los investigadores descubrieron que el atentado fue coordinado desde Ypejhú por el entonces intendente de esa ciudad, Vilmar Acosta Marques, alias Neneco.

En tanto que los autores materiales fueron el hermano del intendente, Wilson Acosta Marques, y el sobrino de ambos, Flavio Acosta Riveros.

Vilmar cayó preso en marzo de 2015, en Caarapó, Brasil, extraditado a Paraguay en noviembre de ese año y después condenado a un total de 39 años de prisión.

Flavio fue detenido en enero de 2016, en Pato Branco, Brasil, y actualmente aguarda su juicio en ese país, que se negó a extraditarlo a Paraguay porque lo consideran un brasileño.

Wilson fue arrestado en mayo de 2020, en Chapada dos Guimarães, Brasil.

Mientras que Arnaldo Javier Cabrera fue detenido en Ypejhu el 8 de diciembre de 2014. El exchofer de Neneco fue condenado por omisión de dar aviso de un hecho punible a cinco años de cárcel. Ya purgó la condena-

Rechazan extradición

El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó la extradición de Wilson Acosta Marques, y el mismo, al igual que su sobrino Flavio Acosta Riveros, será juzgado en Brasil, por el crimen del cual fueron victimas el periodista Pablo Medina y Antonia Almada.

Así dijo anoche a ABC Cardinal el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.

El representante del Ministerio Público explicó que el máximo tribunal del vecino país concluyó que Acosta Marques es brasileño y conforme a las leyes de ese país, no puede ser extraditado.

Acosta Marques será juzgado en Brasil, tal como ya está aconteciendo con Acosta Riveros, quien también es brasileño y por ende, tampoco podía ser objeto de extradición.

La justicia paraguaya fue la que requirió la extradición de ambos

En el caso de Flavio, la causa ya llegó hasta el tribunal de Jurados, pero cuando se debía realizar el juicio, la defensa recurrió a la Corte regional de Porto Alegre y al Supremo Tribunal Federal para atacar la incompetencia de la justicia federal. Para los defensores, es la justicia estadual, y no la federal la que debe atender en esta causa.

Doldán señaló que la cooperación judicial entre Paraguay y Brasil se da a través de la justicia federal. Indicó que los fiscales de Brasil confían en que se rechazarán las pretensiones de los abogados defensores.

Al mismo tiempo, refirió que todas las pruebas sobre esta causa ya fueron enviadas y producidas en el vecino país, a través de documentos que fueron traducidos, así como también de declaraciones de testigos.