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El bloque manifestó en una nota su preocupación por “la judicialización” del proceso electoral en Guatemala e instó “a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas con una mayoría contundente”, en la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto.
En este sentido, exhortó a las autoridades del país centroamericano a tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar un proceso de transición presidencial "armónico" que asegure la investidura de "las autoridades legítimamente electas".
El Ministerio Público de Guatemala aseguró el viernes pasado que las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo de León no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La presunta invalidación de los resultados fue expuesta por la fiscal Leonor Morales en una rueda de prensa, en la que dijo que deben quedar anuladas las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
El Gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año hasta el pasado jueves, cuando se la traspasó a Paraguay, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía "obstruye el proceso democrático en Guatemala".
La Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionó que ese se suma a "otros actos arbitrarios" cometidos durante el período electoral y que "amenazan el ejercicio de los mandatos de las autoridades legítimamente elegidas".
De esta forma, Brasil instó a Guatemala a adherirse a los compromisos democráticos asumidos en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y pidió a todos los poderes de ese país actuar "con la debida urgencia y firmeza".
Solo así, argumentó el Gobierno de Lula, se podrán "frenar los excesos, preservar los derechos y las garantías de los ciudadanos y hacer cumplir las decisiones soberanas de los electores guatemaltecos".