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Con la amplitud del derecho a la defensa como bandera, son varios los acusados que han logrado mantenerse al margen de la Justicia, mediante la interposición de un sinnúmero de chicanas.
A mayor poder económico, menor es la posibilidad de someterse al proceso. La sucesiva interposición de recusaciones y la intervención de abogados para provocar la inhibición de magistrados son los recursos claramente identificados como los promovidos con el único objeto de paralizar el proceso hasta lograr la prescripción.
La problemática está identificada y ahora se trabaja en la búsqueda de la solución. El Dr. Pedro Mayor Martínez, miembro del Tribunal de Apelación en lo penal, 1ª sala, e integrante de la Comisión Técnica de Apoyo a la Justicia Penal, nos comentó el trabajo que realiza:
“Uno de los mecanismos que tenemos es justamente el de evaluar las sanciones disciplinarias que podrían ser aplicadas a aquellos que se excedan en el legítimo derecho que tienen de interponer incidentes como son por ejemplo las recusaciones, cuando se abusa de este derecho por supuesto el tribunal que se encuentra ya perjudicado por dicha conducta debería también articular el proceso necesario para evaluar si se trata o no de un ejercicio abusivo del derecho de una de las partes y consecuentemente si se determina como tal, aplicar las sanciones disciplinarias (...).
- En el caso Cajubi, una de las procesadas llegó a tener 13 abogados.
- Este tipo de situaciones tienen que ser analizadas por el sistema de justicia de tal forma a que podamos equilibrar lo que puede ser considerado como el derecho de una de las partes a elegir a un abogado de su confianza con el límite que también está en la misma Constitución de acceso a la Justicia por parte de una sociedad entera o de los particulares víctimas del hecho punible que también esperan que la Justicia se expida en tiempo oportuno... Justicia que llega tarde no es justicia.
Y en muchas de las situaciones que se observan, y que son emblemáticas, verdaderamente no todas las causas son frenadas por este tipo de argucias procesales y cuando se las articulan por supuesto se hace referencia al uso legítimo del derecho de las partes de apartar al magistrado cuya parcialidad sospechan pero que por supuesto, en el 99% de los casos de recusaciones estas han sido rechazadas, por lo que se observa en esa estadística que la articulación de la recusación en el ámbito penal tienen un fin dilatorio, tiene el fin de frenar el avance procesal para que los jueces no tomen decisiones definitivas en dichas causas.
- ¿No consideran la posibilidad de limitar el momento en que se presentan estos recursos?
- De hecho estamos trabajando en momentos en los cuales pueden volver a interponerse esas recusaciones. Estamos trabajando en sanciones a profesionales que puedan perder recusaciones no en una sola causa sino en diferentes causas en un año. Estas sanciones están rondando diferentes formas de afectarlas y en ese sentido pensamos en multas, en cancelación o suspensión de la matrícula para los abogados que en forma sistemática pierdan recusaciones en un año en causas diferentes. No importa eso, el número podrá ser o no objeto de análisis eventualmente por parte de la comisión o del Congreso, pero hablamos de 3 o 5 recusaciones perdidas en el año, en diferentes causas.
- Las multas están vigentes pero casi no se aplican.
-Claro, en este caso las multas ya van a ser duras, es decir estamos pensando en establecer un monto tasado de multas o establecer multas como están fijadas en el Código Penal: días-multas con lo que también se posibilitaría que en caso de no pago o sustitución de la multa por los mecanismos que están establecidos en el CP, esa multa pueda efectivizarse de una manera de privación de libertad.
Hay muchas alternativas que estamos barajando pero el enfoque que queremos dar es frenar las recusaciones que no tengan fundamento alguno y que de todo punto de vista sean consideradas como simplemente mecanismos dilatorios por las partes que intervienen en el proceso y con ello permitir que un magistrado que esté recusado pueda avanzar en decisiones que no sean definitivas y con ello permitir llegar por lo menos a la antesala de la decisión final y parar en ese momento. Es decir, que el magistrado afectado no pueda tomar una decisión definitiva pero el resto de los actos procesales que están incorporados a lo largo del procedimiento pueden ser realizados por el magistrado y que no se detenga la causa.
Y lo mismo para los fiscales, estamos evaluando si los fiscales verdaderamente pueden ser o no recusados y con ello salvar también la investigación, ello podría permitirnos juzgar de una manera diferente porque el caudal probatorio es el que va al fin y al cabo ser evaluado por el juez. Si hay nulidades, por supuesto estas tendrían que ser considerados por el sistema de justicia. La labor del fiscal no debería ser detenida en este caso y debería permitirse que el fiscal realice su investigación y que los jueces ejerzan ese control jurisdiccional sobre el caudal probatorio recogido por el Ministerio Público.
- Hay casos que están a punto de prescribir justamente porque no avanzan. ¿Ustedes tienen previsto una solución para este problema?
- Ya hemos tenido algunas resoluciones, creo que emanadas de la Corte Suprema de Justicia donde no sólo se considera que las recusaciones, las incidencias, suspenden el transcurso del plazo máximo de duración del proceso sino también pueden ser consideradas como causas objetivamente insuperables que podrían suspender la propia prescripción.
No podemos permitir que un ataque sistemático -por lo menos es el pensamiento que trasunta en algunas de esas decisiones de la Corte- detengan la posibilidad de que un poder del Estado se expida en tiempo oportuno.
No podemos considerar que la parte que genera la propia causa que impida al Estado moverse sea utilizada en su propio beneficio, es decir, digamos que viendo caso por caso, donde esta articulación de incidencias que tiene por sí sola la intención de detener esa progresividad, podría o no ser consideradas como causas objetivamente insuperables y que determinan la suspensión también de la prescripción.
- ¿Cuándo presentan el proyecto?
- De hecho, tenemos un proyecto mártir que está siendo objeto de análisis. La idea es ir evaluando la posibilidad de involucrar también a abogados dentro del mismo proyecto, que van a ser los más afectados.
Pero los abogados, que al fin y al cabo pueden estar en una vereda o en la otra, deben entender que el sistema de justicia debe resolver en tiempo oportuno y trabajar sobre un proyecto que impida las dilaciones indebidas a través de la interposición de este tipo de artimañas o de incidencias desde todo punto de vista irrazonables, como son las recusaciones infundadas.
Procesos estancados
Los procesos por lesión de confianza y otros delitos que involucran a los senadores Enzo Cardozo, Víctor Bogado y los diputados José María Ibáñez y Carlos Núñez Salinas se encuentran estancados en distintas etapas. La interposición de recursos varios y la excesiva demora de los distintos referentes de la administración de Justicia en resolverlos, son determinantes para la dilación del caso. En ninguno de estos casos se ha podido realizar aún la audiencia preliminar y en el caso de Cardozo, los demás acusados ya están en etapa de juicio oral.
Juicios suspendidos
El juicio al expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena Rubén Darío Quesnel y otros por desvío de G. 3.000 millones ya se suspendió en siete ocasiones por múltiples recusaciones a jueces y fiscales. El juicio oral a los médicos Blas Centurión y Antonia Acosta por homicidio culposo se realiza ante el cuarto tribunal sorteado para atender el caso, luego de sucesivas recusaciones que incluyeron a camaristas y hasta ministros de Corte. Por el mismo motivo no avanza el proceso al exministro Walter Bower por tortura, en el que no se ha podido hacer la preliminar.
Papel de abogados
El magistrado Pedro Mayor Martínez destacó que las actuaciones de los abogados realizadas con fin meramente dilatorio no deben contar con el apoyo ni del gremio propio de abogados, en atención a la función de auxiliar de la justicia que tienen. “Ellos deben tratar también de apoyar que el sistema de justicia funcione bien, en beneficio del sistema de Justicia, de la ciudadanía en general, y que de esa manera cada persona, cada autoridad cumplan con su rol con el cometido que les está mandado por la Constitución y las leyes”.
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