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La historia oficial
Para la historia no documentada, Itaipú fue un gran logro del régimen autoritario que gobernó la República del Paraguay entre 1954 y 1989.
Según sus panegiristas para la participación del proyecto hidroeléctrico solo se requería de Paraguay aporte el agua del limítrofe río Alto Paraná. Los Estados Unidos de Brasil correrían con lo demás y la República del Paraguay podría compartir equitativamente el aprovechamiento.
Sin embargo, la realidad era diferente, los lisonjeros estaban lejos de la verdad.
Todo comenzó con la cesión a Brasil de las cataratas del Salto del Guairá. El documento conocido como Acta Final de Foz de Yguazú fue suscrito el 22 de junio de 1966 por el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, doctor Raúl Sapena Pastor, y su similar brasileño, general Juracy Magalhaes. Atendiendo directivas del presidente general Alfredo Stroessner, el canciller Sapena había firmado el Acta que certificaba la entrega del Salto de Guairá a Brasil.
Para disimular la usurpación de la soberanía territorial de Paraguay la diplomacia brasileña echó manos a una fórmula jurídica: la posesión de los dos países, en condominio, del Salto del Guairá. Al reconocer el condominio jurídico, el Paraguay revocada su histórica posesión sobre esta maravilla de la naturaleza.
Paralelamente el Acta Final de 1966, escondía hábilmente la nueva invasión militar brasileña que anexó a su patrimonio, en junio de 1965, el Salto de Guairá. De este modo, Itamaraty blanqueaba internacionalmente el inaudito atropello a la soberanía paraguaya. La cuestión limítrofe fue “hasta las calendas griegas”. Conforme a la séptima conclusión del Acta, “…convinieron los dos cancilleres en que dichos trabajos serán proseguidos en la fecha que ambos Gobiernos lo estimen conveniente”.
Posteriormente, como la crónica de una anunciada trama, el Estado paraguayo o la Otra Alta Parte Contratante, con la aprobación de la mayoría oficialista del Congreso legitimaba la entrega del Salto del Guairá por otro convenio: el Tratado de Itaipú del 26 de abril de 1973.
Con estos hechos, el régimen gobernante allanaba el camino para el hundimiento de las cataratas del Salto en el lecho del río Paraná, la inundación de la floresta Atlántica con su fauna y la desaparición de su hábitat de decenas de comunidades guaraníes sentenciadas al destierro. Para la construcción de Itaipú, bajo la supervisión de Brasil, quedaba formalizado el ecocidio en Paraguay.
La depredación ambiental y social practicadas en los bosques lluviosos del mundo, Guayana y Amazonas en Venezuela; Guainía, Vaupés y Amazonas en Colombia; Amazonas en Brasil y Alto Paraná en Paraguay, fueron sin lugar a dudas irracionales.
Como resultado de estas alteraciones ambientales, la represa de Itaipú impide a Paraguay la navegación del río Alto Paraná en todo su curso. Un hecho que viola su política exterior que desde 1813 pugna por la libre navegación de los ríos internacionales.
No obstante, no cesaban los discursos laudatorios. Según ellos, el país vecino disponía de otras opciones para emplazar en su territorio el aprovechamiento hidroeléctrico. Para satisfacción de los zalameros, que no se cansaban en aplaudir la victoria diplomática de la cancillería paraguaya, el hecho de “compartir” con Brasil el magno emprendimiento que simbolizaba un logro gubernamental sin precedentes.
Para los sucesivos ministros de Relaciones Exteriores, el tema Salto del Guairá y su corolario Itaipú eran asuntos concluidos satisfactoriamente, aunque sus efectos hayan sido desastrosos para el país. El costo de Itaipú, que no solo incluye el pago por la mitad de la obra sino también la mutilación del país, es a todas luces exorbitante.
Su contraparte Itamaraty desde antaño tenía concebido un plan de explotación hidroeléctrica del río Paraná, todo ello a costillas de Paraguay.
Cabe señalar que dicha explotación llegó a suministrar a Brasil el 30% de su electricidad. Las cancillerías nacionales se desentendían del empobrecimiento ocasionado al país por este grave desfasaje que hacía prosperar al ocasional socio. Es de público conocimiento que la mayoría de los jefes de cancillerías, con discursos salvíficos escondían las voces críticas de las asimetrías en Itaipú.
En apariencias el Tratado de Itaipú es equitativo para ambos socios. Sin embargo, no deja de ser un enorme fraude que se mofa de la buena fe de los paraguayos al consagrar, en el artículo XIII del Tratado, el derecho de adquisición del excedente energético favoreciendo a Brasil.
Al respecto, mi experiencia como profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE) fue frustrante. Los más destacados juristas, profesionales del sector energético, empresarios y algunos políticos también invitados a debatir sobre la cuestión Itaipú, hacían la vista gorda para apañar las evidentes asimetrías favorables al vecino país.
Usualmente excusaban la diferencia de magnitudes entre Brasil y Paraguay como una valla para impedir la cogestión paritaria. Confundían el imperio de la fuerza con el Derecho Internacional.
Al respecto, Paraguay no necesita arbitrar fuerza alguna para conseguir el aprovechamiento equitativo instituido en el Tratado de Itaipú de 1973. Le corresponde por derecho propio su obtención en el 2023, una vez saldada la deuda que pusiera en marcha el emprendimiento binacional, luego de medio siglo de vigencia del Tratado de Itaipú (Anexo C, revisión).
Existen precedentes internacionales. El convenio de 1977 entre el general Omar Torrijos de Panamá y James Carter de los Estados Unidos es uno de ellos. El pacto Torrijos-Carter hizo viable la entrega del canal de Panamá en 1999, después de casi un siglo de tutela americana.
Entre tanto, aquellos próximos a Itaipú (presidentes, cancilleres, funcionarios del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo) siguen ponderando los efectos benéficos para el pueblo paraguayo de la empresa hidroeléctrica.
En la época anterior toda disidencia con esta línea de pensamiento atentaba contra el progreso y a la paz de la república; si las críticas provenían del exterior, no eran más que exaltadas voces de legionarios vendepatrias.
Las voces contestatarias, entre ellas, La Tribuna, ABC Color, El Radical, los partidos de la oposición, estudiantes y profesores no comprometidos con el oficialismo y la prensa expatriada, lograron formar una masa crítica ante la necesidad de instalar una causa nacional que aglutinara a los paraguayos en la defensa de una mayor equidad en Itaipú. En especial respecto a la cogestión paritaria, el precio justo y la libre disponibilidad del excedente.
Lamentablemente, no tuvieron la fuerza necesaria para imponer sus justos reclamos.
Recién desde el 29 de setiembre de 2008, exigiendo –sí, exigiendo en derecho, aunque ello resulte discordante a los oídos de los comensales de Itaipú– el fin de las de asimetrías en Itaipú, el presidente Fernando Lugo logró instalar, después de treinta y cinco años, un debate oficial con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque infructuosamente.
No obstante, las cuestiones debatidas pusieron de relieve ante el pueblo paraguayo las notables desigualdades imperantes en Itaipú.
b. La historia real
Brasil no financió la obra, fue Itaipú la que se endeudó para la construcción y puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica, que incluyó la infraestructura necesaria para transportar el producto de la central hidroeléctrica a la margen brasileña.
La participación paraguaya en la sociedad binacional –a costa del hundimiento de su irrepetible ecosistema en el fondo del río Paraná– no fue consecuencia de un gesto altruista brasileño, sino la imperiosa necesidad de implicar los recursos naturales de Paraguay como solución fáctica a la sostenida demanda energética de Brasil. Todo a cambio de migajas, como una compensación –no precio justo– instituida en el Costo del Servicio de Electricidad de la binacional hidroeléctrica. Una equidad fraudulenta en el reparto del aprovechamiento.
Los últimos estudios demuestran que los ingresos no percibidos por la energía obligada a ceder al Brasil, entre 1985-2018, suman la friolera de US$ 75.400 millones de dólares (Miguel Carter, DEMOS).
No es raro que los gobiernos dibujen su propia historia para justificar sus actuaciones. Solo la investigación documentada pudo desvelar la historia real.
Cabe como ejemplo la guerra del Chaco; para el pueblo poco informado la guerra del Chaco fue ganada a machetazos. Nada más lejos de la realidad. Los que la han estudiado detenidamente tienen la certeza de que sin la adquisición de un apropiado parque de guerra –lo más avanzado de la época, aunque insuficientes y no pocas veces completadas con armas enemigas– y sin una preparación adecuada de los comandantes en reconocidas escuelas militares, la victoria se presentaba difusa. Hay más, sin una reserva organizada en condiciones de movilizarse desde la zona del interior hasta el teatro de operaciones en unidades completas, en tiempo oportuno, la recuperación del Chaco por el Ejército Nacional hubiera sido infructuosa.
De igual modo, bien intencionados ciudadanos siguen sosteniendo que Itaipú fue provechoso para el Paraguay gracias a la generosidad del socio condómino. No acaban de entender que la apropiación indebida de la hidroeléctrica, legitimada en el Tratado de 1973, es fruto premeditado de un plan para abastecer de electricidad, a costillas de otra desmembración paraguaya, la demanda brasileña. ¿Cuánto cuestan el Salto del Guairá, la selva Atlántica y el desarraigo de la población guaraní? Al respecto publicaba ABC Color, el 27 de enero de 2018:
“La pérdida del Bosque Atlántico y el desarraigo de los pueblos guaraníes –entre cuyos factores debe incluirse el proyecto hidroeléctrico Itaipú–, una situación de exterminio en ambas riberas del río Paraná, con énfasis en la realidad nacional, es el tema de la conferencia que dictará esta mañana, a partir de las 10:00, el padre Bartomeu Melià (SJ), en la Escuelita Patriótica en la jornada de apertura de su ciclo correspondiente al presente año. El antropólogo y lingüista español-paraguayo expondrá sobre la pérdida y el desarraigo, que según explicaron los responsables de la Escuelita, ‘fueron un resultado objetivo de políticas públicas inhumanas, hoy también denominadas ecocidas, que hicieron desparecer una maravilla sin igual de la naturaleza, como los Saltos del Guairá, de soberanía nacional paraguaya indiscutible de hecho y de derecho, y que por ello, con intención de ocultamiento de nuestro histórico dominio, fueron sumergidos por Itaipú en el inmenso espejo de agua creado debido a la monumental presa construida para la generación de energía hidroeléctrica’ ”.
Siguiendo con la historia real que testimoniaba la intermediación del Gobierno de Lyndon B. Johnson solicitado por gobierno paraguayo, el canciller americano Dean Rusk –quien visitaba Paraguay por unas horas, en mayo de 1965– logró instaurar una mesa de negociaciones en demanda del retiro de las tropas brasileñas que ocupaban el Salto de Guairá.
En efecto, en Puerto Presidente Stroessner y Foz de Yguazú, el 21 y 22 de abril de 1966, se reunieron los cancilleres Raúl Sapena y Juracy Magalhaes.
En las conclusiones del Acta Final de Foz de Yguazú, como resultado de la reunión, no hubo referencias del retiro de las tropas invasoras. Sin embargo, quedaba concretado, en el punto tercero del documento, el condominio del Salto. El acuerdo tenía como objetivo un plan de explotación del río Paraná, que de fachada incluía a Paraguay. Es más, la producción sería dividida en partes iguales entre los dos países y se establecía un precio justo por el excedente no utilizado por Paraguay.
Aplanado el obstáculo de la propiedad paraguaya del Salto, los brasileños lograban su plan de explotación hidroeléctrica del río Paraná.
En otra nota, de la misma fecha que el acta, se resolvía trasladar las tropas ocupantes aunque Brasil seguía presente con una población, una prefectura con bandera brasileña, puerto propio y aduana con cobro de impuestos, aeropista, escuela, etc., al sur del Mbaracayú.
La cancillería paraguaya, en un notable cambio de aptitud, había declinado la nota del 14 de diciembre de 1965 que sostenía “…al sur de la cumbre del Mbaracayú, es territorio paraguayo” para posteriormente declarar, por nota del 21 de agosto de 1972, que “no existe una divisoria natural entre el territorio de Paraguay y el de Brasil en la región de los Saltos del Guairá”. El régimen gobernante abdicaba un derecho soberano.
Recién en 1982, las aguas de la represa Itaipú concretaron el retiro efectivo de territorio paraguayo de los ocupantes brasileños.
El Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, un simulacro aprovechado diestramente por Brasil, se dio a conocer por la prensa el 21 de junio de 1973, luego de la firma del Tratado de Itaipú (Enríquez, Efraín. 2ª Ed. 2007. Aguas que valen oro, pág. 29).
En el Tratado de Itaipú, rubricado por los cancilleres Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barboza el 26 de abril de 1973, no se tuvo en cuenta el Acta Final de Foz de Yguazú, excepto el condominio del Salto. Los documentos demuestran que durante el debate en el Senado para la ratificación del Tratado, entre el 29 de mayo y el 5 de junio de 1973, no se conocía oficialmente el Acta Final de 1966.
Se repetía la historia del 19 de marzo de 1964, ocasión en que los presidentes Stroessner y Goulart decidían sobre “la construcción y explotación de la gran obra que harán conjuntamente los dos Estados, y que será la de mayor importancia entre todas las de su género hasta hoy emprendidas en todo el mundo”.
Con decorosas disidencias, fue aprobado el Tratado de Itaipú por la mayoría oficialista del Poder Legislativo (Ley Nº 389 del 17 de julio de 1973).
Finalmente, a lo largo de 170 kilómetros Itaipú formó un espejo de agua de 1350 kilómetros cuadrados, que anegó 580 kilómetros cuadrado de territorio nacional inundando la selva Atlántica y las cataratas del Salto de Guairá. Una pequeña porción no sumergida quedó convertida en “Reserva y refugio biológico Mbaracayú” de 1.356 hectáreas que, según publicaciones de ABC Color del 9 de setiembre de 2017, “no ha sido demarcada debido a la diferencia de criterios en los análisis realizados en la Comisión Mixta de Límites Paraguayo-Brasileña”. También se leía: “De hecho, entre nuestro país y Brasil existe una discusión respecto a cuál de las dos naciones es dueña de tan importante reserva ecológica, importante pulmón verde en momentos en que se sienten a nivel mundial las consecuencias de la deforestación y que también afectan de modo alarmante a nuestra región”.
Nuestras autoridades no acaban de entender que el país ha sufrido, en tiempos de paz, una desmembración más de su territorio, al que hay que añadir la interdicción del río Paraná, para sufragar el desarrollo de Brasil.
El costo pagado por Paraguay por la puesta en marcha de Itaipú ha sido descomunal y el retorno desproporcionado, asimétrico. Es hora de requerir, conforme a derecho, la recuperación de la dignificante igualdad.
Agua
Según sus panegiristas para la participación en el proyecto hidroeléctrico solo se requería de Paraguay que aporte el agua del limítrofe río Alto Paraná.
Disimulo
Para disimular la usurpación de nuestra soberanía territorial, la diplomacia usó una fórmula: la posesión de los dos países, en condominio, del Salto...
Juanantoniopozzo@gmail.com