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El 24 de junio pasado, la Contraloría remitió a Criscioni el informe final sobre la auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio 2012, realizada al Ministerio de Agricultura.
La parte conclusiva del dictamen refiere que la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp) realizó entregas de bienes, maquinarias y equipos a los comités, sin que en el mismo se pueda identificar convenientemente el valor de los bienes y/o servicios entregados por ellos, lo que dificulta de sobremanera comprobar si el monto de las transferencias realizadas por el MAG y recibidas por la Fenaprofhp corresponde efectivamente a lo declarado por ellos; sin embargo, concluyen que: “En opinión de la Contraloría General de la República, excepto por las salvedades enumeradas expuestas más arriba, los estados financieros referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del MAG del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la Ley Nº 1535/99 y su decreto reglamentario, la Ley Nº 4581/11 y demás normas aplicables”.
Para llegar a esta conclusión se basaron en una verificación in situ, realizada a tres integrantes de un solo comité, de los 193 que deberían ser beneficiados por la Fenaprofhp.
Criscioni señaló que según los elementos de cargo con que cuenta la Fiscalía, el informe de Contraloría no se corresponde con la realidad. “Es más, el imputado Lidio Irala, vicepresidente de la Fenaprofhp, acompañó a los funcionarios de la Contraloría y firmó el acta por labrada”, resaltó.
Ante esta situación, la fiscala envió funcionarios de su unidad hasta la ciudad de Caaguazú, distrito de Repatriación, en donde conversaron con nueve de los veintiséis miembros del Comité.
La fiscala advirtió que la acción de los funcionarios de Contraloría es punible por Lesión de Confianza, Estafa y Frustración de la Persecución Penal, teniendo en cuenta que habrían colaborado en la justificación de un perjuicio al Estado de G. 68.000.000.0000.
Están en la mira del Ministerio Público los funcionarios de la Contraloría Éver Espínola, auditor; el Lic. Marcial Corvalán, auditor, y la Lic. Lucía Troche, quienes consignaron en su acta hechos falsos. También Lucila Troche, jefa de Equipo, Lic. Marta Vicezar, supervisora y directora de Área; Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general, quienes elaboraron el dictamen de auditoría financiera del MAG. Igualmente, Éver Espínola, auditor, junto con Marcial Corvalán, sostuvieron la razonabilidad de gastos justificándolo con esta acta en la cual participaron y en la que consta la firma del propio imputado en la causa. En el caso están imputados, entre otros, los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy.
La designación de Criscioni fue solicitada al fiscal general, Javier Díaz Verón, por el fiscal adjunto, Federico Espinoza. Se va a abrir una nueva causa.