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Actualmente, el contralor Enrique García es procesado por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso que habrían llevado a un despojo de US$ 3,6 millones a la Municipalidad asuncena por parte de Ivesur, cuando él era director de Asesoría Jurídica.
En una sesión extraordinaria, Diputados aprobó el inicio de un juicio político y despojarlo de sus fueros. El Senado no ha recibido oficialmente el planteamiento. Enrique García anunció que no renunciará.
Marcelo Mancuello, jefe de Gabinete de la Comuna, informó ayer que el contrato con la empresa Ivesur venció el sábado y el servicio está suspendido. Comentó que se nombró a un interventor, que es Luis M. Pereira, director municipal de Tránsito.
“Mañana presentamos la propuesta al legislativo y será tratado el miércoles. Probablemente, mientras dure la licitación, habilitemos otros talleres en Asunción”, dijo. Tanto Ivesur como otros talleres funcionarían durante el proceso licitatorio. Este iniciaría pronto, ya que el PBC y una nueva ordenanza ya fueron aprobados la semana pasada. El edil Federico Franco (Juntos Podemos) criticó que los documentos estarían direccionados para Ivesur. La misma deberá renunciar a la deuda municipal si desea ganar, según el PBC.
El edil Julio Ullón (ANR) explicó que Asunción es prácticamente la única ciudad que está cumpliendo con la Ley 620/76 que hace obligatoria la ITV. Cada municipio debe contar con su taller. Agregó que hay normas a nivel Mercosur que unificarían en los países miembros la inspección. Dijo que próximamente eso será un problema para Paraguay, ya que muchos vehículos no hacen la ITV en las otras cientas de ciudades, por lo que no podrán ir al exterior.
Inspección debe ser hecha por cada Comuna
El concejal Julio Ullón (ANR) explicó que la Inspección Técnica Vehicular (ITV) es obligatoria, según la Ley 620/76, y que es atribución de cada municipio según la Ley Orgánica Municipal. La misma dicta en su artículo 12 que entre las funciones de la Municipalidad está “la regulación y fiscalización del estado de los vehículos”.
En el 2009 se promulgó la Ley N° 3850, “Que crea el sistema nacional de inspección técnica vehicular y establece la obligatoriedad de la realización de la inspección técnica...”, que otorgaba a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) la potestad exclusiva de la inspección vehicular. Sin embargo, más de cien municipios presentaron la acción de inconstitucionalidad.
En el 2012 la Corte hizo lugar a la acción en contra de la polémica ley.