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Los lambareños cuestionan la colocación de una delgada capa asfáltica en varias calles de la ciudad porque creen que desaparecerán cuando se produzca la primera lluvia. “Esto es una comida de plata. Una capa nada más colocaron”, señaló una señora que solo se identificó como Mercedes.
El intendente Armando Gómez (Partido Liberal) justificó diciendo que el Gobierno central destruirá el nuevo asfalto cuando ejecute la obra de instalación de alcantarillado sanitario, “esto después se convertirá en zona de guerra”, expresó.
Aseguró que “cuando se termine el alcantarillado se asfaltarán las calles de la ciudad como debe ser”.
Según la página del Facebook de la Comuna, las obras de colocación de asfalto sobre empedrado en Valle Apu’a ejecuta la empresa Caldetec SA y en la calle Felicidad González la firma Chaves Construcciones. Sin embargo, en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) solo figuran dos licitaciones para recapado y bacheo este 2017, una en el marco de la emergencia vial otorgada a Augusto Ortellado Narváez por la suma de G. 3.599 millones; y otra adjudicada a las firmas CQ Ingeniería, representada por José Cruz (G. 344 millones); Distrifull SA, por Elvio Irala (G. 668 millones) y JCQ SA, por Julio César Gauto (G. 593 millones).
Les consultamos a los funcionarios sobre el número de la licitación, pero no nos respondieron.
A fines de agosto el intendente Gómez había convocado a una conferencia de prensa para informar de la transferencia de Hacienda de G. 17.000 millones del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) y G. 9.400 millones de los royalties. Este último, según dijo, iba a ser destinado al bacheo, asfalto y colocación de cemento hidráulico en las esquinas de calles y avenidas con problemas de aguas servidas.