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No se sabe si es por desinterés, falta de coraje o connivencia; lo cierto y lo concreto es que las autoridades judiciales no han podido tomar medidas para frenar la andanada de recusaciones, reposiciones varias y una serie de recursos desplegados por las distintas defensas con evidente propósito dilatorio.
La excesiva dilación en la resolución de los recursos planteados por las defensas en diferentes instancias, así como la falta de aplicación de las sanciones correspondientes, hacen que a medida que avanza el tiempo, se aleje la posibilidad de realizar un juicio oral y público que permita llegar a la verdad y dar el cierre previsto por la ley para el caso, con la sentencia correspondiente.
El exconcejal Francisco Yore, y los exfiscales Juan Claudio Gaona y Gustavo Gamba, todos procesados por cohecho pasivo, al igual que la fiscala procesada por apropiación Mirtha Ortiz, al han encontrado en la Corte prácticamente una aliada, pues la excesiva demora en resolver os distintos recursos que plantearon les permite contar con el archivamiento de sus respectivos procesos en un futuro cercano.
En caso de Gamba, posterga el juicio oral, en el de Gaona descarta la preliminar y en el de Ortiz, impide un nuevo estudio de su caso.
El caso de Magno Candia, el juicio oral y público en una causa que investiga un perjuicio de más de 400.000 dólares a la entidad, tampoco se puede realizar, a causa de las múltiples chicanas de la defensa.
Por otro lado, los procesos al exintendente de Lambaré Juan Martínez y Gregorio Morales, condenado a 5 años de cárcel en otro caso de estafa, ni siquiera se pudo realizar la audiencia preliminar, aplazada innumerables veces en ambos casos.
Martínez ha sido acusado de causar un perjuicio de G. 2.600 millones a la comuna lambareña, mediante el desvío de tributos y la sobrefacturación en obras varias, en el período 2002-2006.
El hermano del exjefe comunal, Julio Martínez Coronel, exdirector de Recaudaciones, también ha sido acusado con relación al caso y hasta ahora ni siquiera ha sido sorteado el Tribunal que lo juzgará, pues su suerte está supeditada a la de su hermano y como exintendente posterga una y otra vez su preliminar por dolencias varias, su juzgamiento queda igualmente estancado.
A su vez, Morales ha utilizado la recusación como una eficaz manera de postergar la preliminar en el proceso que soporta por estafa con falsificación de cheques oficiales, por 900 millones. “Funcionó” en 11 ocasiones.
La anunciada impunidad de los hechos punibles estos casos constituyen una muestra de que la “industria de la chicanas” que ha sepultado en el pasado sonados casos de millonarias estafas y escandalosos hechos de corrupción, sigue tan campante, bajo la anuencia de las autoridades judiciales.
Sancionar a chicaneros
“Ya es una vergüenza por las chicanas que presentan cada vez. Apelan y apelan en el mismo sentido, pero cambian de abogado. Hay que empezar a sancionar a los abogados chicaneros, sea quien sea, tenga el apellido que tenga; sancionar a responsables es la única forma de que eso se destrabe”, expresó el fiscal Luis Piñánez. “En muchos casos, se traba cuando se recusan a los camaristas. El caso va a admisibilidad, y hay que preguntar por qué tardan tanto para el estudio de la recusación”, dijo el agente fiscal.