Prescripción deja en el oparei causa por soborno

El proceso por el escandaloso caso de soborno agravado en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), quedó definitivamente en el oparei. Ayer, un Tribunal decretó la prescripción.

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Las chicanas sumadas a la demora de los operadores de justicia en resolver las cuestiones planteadas, siempre tienen un mismo final: el oparei. Ha sido así en distintos casos emblemáticos de corrupción y en el famoso caso de los “maletines para la corona” no fue diferente.

Ayer, el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Medina e integrado por Héctor Capurro y Olga Ruiz convocó a las partes para dar cumplimiento a la formalidad de “enterrar al muerto”, mediante la declaración de prescripción de la causa.

El pedido provino del propio Ministerio Público, pues el fiscal Luis Piñánez solicitó la prescripción, tal como requirió en su momento su colega Yolanda Portillo, debido a que a diez años de su inicio, la causa está irremediablemente prescripta. Eso sí, Piñánez pidió al Tribunal remitir el expediente a la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, para identificar a los responsables de la situación.

Los ahora sobreseídos fueron filmados con cámara oculta entre el 31 de agosto y el 3 de setiembre del 2008 cuando entregaban fuertes sumas en guaraníes y dólares al entonces titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) Albino González, a quien pretendían persuadir de mantener el esquema de recaudación paralela. Dos de ellos incluso fueron grabados cuando explicaban en qué consistían las subvaloraciones para agilizar trámites y los porcentajes que recibían los empleados portuarios.

Edgar Serafini, exadministrador del Puerto de Ciudad del Este, Celso Cabrera (Encarnación), Carlos Sosa (Villeta), Miguel Robles (Chaco), Blas Pereira Rodi (del Puerto de Falcón), José Martínez (Km 10 Ciudad del Este) Carlos Villamayor (P. J. Caballero), Arsenio Erico Giménez (Algesa), Julio Ibarrola (Salto del Guairá), Waldimir González (Sajonia) y Julio Silva (Itá Enramada), fueron los beneficiados con la decisión judicial. Ahora, no existen obstáculos para regresar a la función pública e incluso reclamar el pago de los salarios caídos.

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