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J. AUGUSTO SALDÍVAR (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). La Junta Municipal necesitaba de dos tercios de votos (8 a 4) para mantener el rechazo de la ejecución presupuestaria de la gestión 2017 del intendente Daniel Báez; pero la concejala Rosa Ibarra (PLRA), quien hasta hace dos semanas era una de las férreas cuestionadoras de la administración del jefe comunal, en la última sesión de la corporación legislativa votó a favor del veto.
La concejala Perla López (PLRA) denunció que Ibarra recibió la visita del intendente Daniel Báez y luego cambió de postura. Votó a favor del veto y ayudó a blanquear la gestión del jefe comunal, indicó.
Los otros cuatro ediles que apañaron las supuestas irregularidades, como obras fantasmas por más de G. 1.000 millones, son Eusebio Bareiro (cuestionado exintendente), Andrés Martínez, Antonio López y Carlos Núñez.
El jueves 5 de julio la mayoría de la Junta Municipal presentó una denuncia formal contra la administración de Báez en la Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y Ministerio Público. En el escrito los siete ediles piden una investigación del destino de uno G. 7.000 millones de los recursos de la comuna. Solicitan una auditaría de la administración de Báez, desde el año 2015.
Cuestionamientos
Entre varios puntos cuestionados por los concejales se encuentra la contratación en varias ocasiones de Felipe Nery Zarza –supuesto propietario de una casa de venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y fontanería– para la construcción de empedrados y provisión de materiales. Llamativamente, la dirección que figura en la factura es de su modesta casa, donde no existe ninguna empresa.
Solo en construcciones de empedrados la Comuna desembolsó más de G. 2.000 millones en 2017, de acuerdo a las facturas presentadas. Pero en el informe de Báez no se especifican las calles que fueron pavimentadas.
Por otro lado, por vía de la excepción, la Intendencia adjudicó en forma directa la provisión de complemento nutricional por G. 776 millones. La “proveedora” es Belén Zaracho, hermana de la contadora de la Comuna, Noelia Zaracho.
En el informe de gestión, Báez dice que el almuerzo fue suministrado desde marzo de 2017, pero los estudiantes de las tres escuelas beneficiadas aseguraron que empezaron a recibir desde setiembre.
En su defensa, el jefe comunal dice que todo se trata de una persecución política y asegura que las obras se hicieron.