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La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) ha creído oportuno señalar que el estado de corrupción descrito en la señera carta pastoral “El saneamiento moral de la Nación” (1979) no solo sigue vigente, sino que incluso ha empeorado debido al “crecimiento exponencial del narcotráfico, que inficiona y coopta a sectores de la política, con ramificaciones en los Poderes del Estado”. Se trata de una alarmante afirmación con la que solo cabe concordar. La “quiebra de los valores morales” denunciada en aquel documento aún no ha sido respondida con la conversión personal y el saneamiento de las instituciones públicas y privadas, como puede constatarse día a día.
Estas décadas de libertad han servido para que los corruptos puedan ser denunciados sin riesgo de terminar en un calabozo como ocurría en los tiempos de Stroessner, pero, lamentablemente, no tanto como para que los mismos sean juzgados por tribunales independientes y cumplan las penas previstas en la ley. Se sigue robando en las entidades públicas, muchas veces en complicidad con “empresarios” del sector privado. El nepotismo continúa, al igual que la evasión impositiva y el contrabando. Hasta se diría que hay más prisa que antes por saquear los fondos públicos, pues la rotación en los cargos –poco frecuente bajo la dictadura– hace que el tiempo disponible para el efecto muchas veces pueda resultar algo breve.
Y bien, como señalan los obispos, la penosa cuestión ha empeorado porque en los últimos años el narcotráfico ha tenido un crecimiento extraordinario, hasta el punto de que sus agentes han invadido los partidos políticos y los Poderes del Estado, como alarmantemente ha quedado a la vista en los últimos días.
Si antes de 1989 nuestro país podía servir de refugio a algún conocido narcotraficante, como Auguste Ricord, gracias a la protección vendida por los jerarcas del régimen, hoy se ha convertido en un gran exportador de marihuana y en una segura estación de tránsito para la provisión de cocaína a los mercados vecinos y a los otros continentes. No es raro que tanto dinero mal habido haya llegado a inficionar la actividad política y el aparato estatal. Los delincuentes no se limitan a sobornar a policías, fiscales, jueces, intendentes, gobernadores o legisladores, sino que tratan de conquistar ellos mismos algún cargo electivo. La elección popular ya ha sido contaminada, debido a que la dirigencia política tradicional ha hecho la vista gorda ante el dinero sucio que irrumpió en sus partidos, para apoyar ciertas candidaturas o impulsar la de algún narcotraficante, en la convicción de que así se está fortaleciendo el poder partidario frente a los otros.
Es deplorable que haya tenido que producirse el asesinato de un periodista para que ahora se admita, incluso desde el Congreso, que los delincuentes no solo financian las actividades políticas, sino que también participan de estas y con bastante éxito. Ellos no surgieron de la noche a la mañana: fueron ocupando espacios sobre el terreno primero y en las instituciones públicas después, aprovechándose en los últimos años del persistente estado de corrupción, que ciertamente han terminado por agravar. Como también dice la CEP, aún están por verse los alcances de la infección, pero por de pronto es indudable que algún departamento, como el de Canindeyú, ya ha sido de lleno afectado y que más de una entidad pública –empezando por el Congreso– ya ha sido invadida por los gérmenes.
El narcotráfico asesina gente. No se trata de una de las tantas actividades delictivas de guante blanco, propias de la corrupción, a las que estamos habituados. El ejercicio de la libertad de prensa permite informar y opinar sin temor a la represión gubernativa, pero está visto que expone a los periodistas a la sanguinaria venganza de los bandidos. Si bajo la dictadura podían dar con sus huesos en la cárcel, hoy pueden caer acribillados a balazos, de modo que en cierto sentido su situación ha empeorado.
Los criminales pueden confiar en la impunidad, dados sus estrechos lazos con muchos de los que deberían reprimirlos. Una ley más severa contra el flagelo no va a servir de mucho si su aplicación queda en las mismas manos corruptas de siempre. Lo prioritario es sanear las instituciones, desinfectarlas de los autores, cómplices y encubridores del narcotráfico.
Para esa imprescindible tarea no faltan mecanismos legales, sino agentes estatales competentes, honrados y con coraje. La Corte Suprema de Justicia dispuso que, en adelante, todos los procesos penales relativos al narcotráfico sean tramitados en la capital, como si todos los jueces de Asunción fueran incorruptibles, y todos los del interior unos sinvergüenzas. Resulta razonable que también haya dispuesto una auditoría de los casos relacionados con el narcotráfico en los distintos juzgados del país, tal como lo hará el Ministerio Público sobre el mismo tema.
Es de esperar que, al cabo de las respectivas investigaciones, los fiscales y jueces sospechados de haber favorecido a los delincuentes sean destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para luego ser juzgados y condenados a la cárcel, algo que hasta hoy nunca se ha hecho.
Los obispos sostienen que “existen esfuerzos por parte del Gobierno, en la persecución y sanción a los inescrupulosos mercaderes de esos negocios ilegales”, aludiendo sin duda a la reunión que convocó el presidente Horacio Cartes con los titulares de los otros Poderes del Estado y otras altas autoridades. Los representantes de los Poderes del Estado se comprometieron a impulsar una serie de medidas, de entre las cuales destaca una de las anunciadas por el Ejecutivo: no apañar a personas ligadas al narcotráfico, sean del partido que fueren y sin considerar el cargo que ocupen en la administración pública. Lamentablemente, por repetidas, promesas de esta clase han perdido credibilidad. Tantas veces hemos escuchado de cada nueva autoridad que asume que “habrá tolerancia cero con el delito”.
Hay que empezar por limpiar efectivamente la casa y esperamos que así se proceda, sin que ninguno de los responsables actuales de la situación quede en sus cargos para seguir apañando a los delincuentes. Esta es la única forma de hacer realidad “el saneamiento moral de la Nación”.