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La pelea por acceder a las listas de las Cámaras legislativas a la que estamos asistiendo es sencillamente asombrosa. Los empujones, las zancadillas y las chequeras pasaron a reemplazar a las ideas y los programas dentro de cada movimiento. Ya nadie pregunta a las personas que se postulan qué planes tienen para mejorar las condiciones del país y cuáles son sus méritos para aspirar al cargo al que se postulan. De hecho, nadie podría hacerlo en este momento, porque los precandidatos no negocian ni dialogan con los electores, sino con los jefes de las “listas sábana”.
Y los jefes, los que confeccionan estas listas, no están interesados en ideas, planes y programas, sino en conseguir la mayor cantidad de dinero posible para financiar los cada vez más elevados costos de las campañas electorales. De manera que cada candidato tiene que comprar su puesto al taca taca o suscribiendo documentos de deuda con el mandamás partidario, o ambas cosas.
Se comenta que un puesto en la lista para la Cámara de Senadores está cotizado en alrededor de 400.000 dólares, más o menos según cual sea el lugar. Para la de Diputados, aproximadamente la mitad. Por tanto, cabe inferir fácilmente que, de resultar electo alguien que gastó estas sumas, tiene por primer y principal objetivo recuperar la “inversión”; además de ganar algo, naturalmente.
Lo que gana un personaje de estos al resultar electo no es solamente la posibilidad de recuperar el gasto y lucrar con los privilegios de todo tipo que los legisladores se otorgan a sí mismos, sino también algo que la mayoría de los postulados necesita desesperadamente: impunidad; o sea, ponerse fuera del alcance de la Justicia en el caso de que esta lo busque, situación que, de todos modos, no ocurre casi nunca, pero temen que ocurra.
El caso que los facinerosos convertidos en candidatos tienen bien presente es que, sean quienes fueren los que accedan al Gobierno, inmediatamente la maquinaria judicial va a ponerse a su disposición y hará lo que los nuevos amos le soliciten, como minimizar el “pedigree” de los nuevos inquilinos del Congreso y comenzar a procesar a los adversarios que le creen problemas; y esto, como es lógico, podría llegar a ser muy desagradable para los perdedores. Y aquí el gran valor que poseen los famosos “fueros”.
En la Argentina el conocido exsecretario de Planificación de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Julio de Vido –negociador con las autoridades paraguayas sobre Yacyretá, dicho sea de paso–, soporta actualmente unos cinco procesos judiciales que avanzan dificultosamente por la protección que tiene hoy como legislador. El fiscal Germán Moldes, que lleva adelante uno de los procesos, acusó esta semana al exfuncionario kirchnerista de estar “parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios”.
Lamentablemente, es para esto que se utilizan también los fueros en el Paraguay, para eludir la vara de la Justicia. En nuestro país, por ejemplo, tenemos varios casos de legisladores acusados de delitos comunes. Parece que nuestra Justicia, tuerta y hemipléjica, solo abre investigaciones y causas penales contra legisladores influyentes cuando tiene todo preparado para que los expedientes puedan ser fácilmente paralizados y acaben apolillados en el fondo de un cajón perdido. De este modo, cumplen con las apariencias y también con los “amigos”. Ahí se tienen los casos de los senadores Víctor Bogado (colorado) y Enzo Cardozo (liberal), y de los diputados colorados José María Ibáñez, Carlos Núñez y Óscar Núñez, y de los liberales Fernando Nicora (suplente) y Milciades Duré, cuyos expedientes están empantanados en los vericuetos judiciales.
Como se ve, toda nuestra práctica política actual está especialmente diseñada para facilitar el camino a los peores y dificultarlo a los mejores. Con este sistema los narcos, los traficantes y contrabandistas, los contratistas privilegiados del Estado y otros personajes del mundo corrupto pueden convertirse en autoridad o pueden comprar el cargo para un testaferro. Es suficiente con que ingresen al sistema “democrático” con su billetera bien provista, que buscarán abultar aún más después de las elecciones.
Este combo perverso protector de delincuentes –“listas sábana” más “fueros”– ya ha causado demasiados daños al país, con la complicidad de magistrados sometidos y cobardes. Por eso, mientras no exista posibilidad de que la Justicia envíe a la cárcel a los políticos ladrones de fondos públicos, los ciudadanos y las ciudadanas deben castigarlos al menos con una sanción moral, escrachándolos en los lugares en que se los encuentre.