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En las últimas semanas el gobierno encabezado oficialmente por Santiago Peña y extraoficialmente por Horacio Cartes ha ninguneado y despertado la ira de los estudiantes universitarios. Acostumbrados a menospreciar minorías, habituados a hacer valer el uso de docenas de votos rentados en cámaras del Congreso, hicieron gala de una colección de procacidades verbales, inconductas administrativas que fueron afrenta para los jóvenes y actitudes insultantes para quienes decían estar en un diálogo para destrabar una crisis. El propio Presidente formal del Paraguay los trató de “minoría ruidosa”, el senador Basilio Núñez (líder de la bancada de HC) intentó menoscabarlos diciendo que “no son más de cien” y remató las inconductas la lengua del nunca suficientemente procaz el colorado y cartista Yamil Esgaib, quien los trató de “akãne” y de “tavy kaka”. Poco le duró su petulancia porque casi al mismo tiempo se descubrió que su hija bachiller, que no logró pasar de 12 puntos de 100 posibles para aprobar el ingreso a la Universidad Nacional, fue premiada con un jugoso salario de casi G. 22 millones en la embajada paraguaya en el Reino Unido. Mientras se descalificaba a los jóvenes aparecían uno tras otro privilegiados ahijados políticos –jóvenes también– pero parásitos del presupuesto de binacionales y de instituciones públicas.
Si hasta aquí ya hay demasiadas razones para la desconfianza estudiantil, en las últimas horas se ha confirmado que ellas están justificadas. Tal parece que no hay una propuesta seria, o que quien la debe exponer no tiene permiso para hacerlo, o que, peor aún, en realidad no hay ninguna propuesta exceptuando la esperanza de que se apague el fervor estudiantil.
La política de financiación de la Universidad Nacional y, en general, de la educación superior en Paraguay es un tema que requiere amplio debate, pero tienen razón los estudiantes al desconfiar si es que, a la hora de la verdad, se dispondrá de los recursos que figuran en los papeles y de que estos serán correctamente utilizados. La realidad muestra que el Estado paraguayo gasta muchísimo, pero igual nunca termina de alcanzar para lo que está debidamente presupuestado y es verdaderamente importante para el país y para la ciudadanía, debido al tremendo despilfarro y la formidable repartija de fondos públicos.
Un reciente ejemplo de ello es la cancelación por falta de financiamiento de la licitación para la “fase b” de la defensa costera de Pilar, que contempla la construcción de los desagües pluviales, los alcantarillados sanitarios y una planta de tratamiento de aguas residuales, obras complementarias de vital importancia para el funcionamiento adecuado de ese proyecto y para la calidad de vida de la comunidad; demás está aportar que todavía falta la “fase c”, que incluye una avenida costanera y parques.
El argumento utilizado es que “se agotó” el préstamo de 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el que se debía costear el emprendimiento, pero lo que ni ahora ni nunca explican es adónde se fue la plata. Esta fase de la obra tuvo que estar presupuestada con la correspondiente fuente de financiamiento, al punto de que la licitación de referencia se llegó a convocar, antes de ser anulada por resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Ello significa, lisa y llanamente, que el dinero previsto se utilizó en otra cosa.
Este ejemplo dista de ser aislado. Sin ir más lejos, apenas asumió este gobierno hizo aprobar una ley que elevó el tope del déficit fiscal y autorizó la colocación de bonos del Tesoro por 600 millones de dólares para pagar deudas vencidas con contratistas de obras y proveedores del Estado, especialmente de medicamentos, un monto que aparentemente no fue suficiente, con lo cual se siguen acumulando retrasos sin que nadie informe detalladamente acerca de ello. Pero el punto es que todo eso también tuvo que haber sido presupuestado, con la fuente asignada, porque el Estado no puede asumir obligaciones que no cuenten con esos dos requisitos previos.
Entonces, reiteramos, ¿adónde se fue la plata?
En la última década se cuadruplicó el endeudamiento público en el país, que actualmente ya roza el 40% del PIB, con un saldo de casi 18.000 millones de dólares. Lo racional y responsable es que uno se endeude para inversiones que generen un retorno por la vía de una mayor productividad de la actividad económica, ya sea por obras físicas útiles o por recursos humanos, pero, a pesar de esa escalada sin precedentes de la deuda estatal, Paraguay sigue estando entre los países con peor infraestructura de América Latina, según el Índice Global de Competitividad, y el rendimiento de la educación pública está entre los más bajos del mundo, a juzgar por los resultados de las pruebas PISA.
Por lo tanto, una vez más, ¿adónde se va la plata?
La respuesta es la pésima administración, con responsabilidad compartida entre todos los poderes públicos y casi toda la clase política. Más de dos tercios del Presupuesto está atado a gastos fijos, especialmente salarios y remuneraciones, pensiones no contributivas, subsidios y, últimamente, un alto componente de servicio de la deuda pública, cuyo costo en el primer trimestre fue de 207 millones de dólares, 35% más que en el mismo período del año anterior, solamente por pago de intereses. Como esos gastos no se pueden recortar, entonces se recorta todo el resto, que depende de los relativamente pocos recursos que sobran.
Por eso en el sector público nadie deja de cobrar religiosamente sus sueldos y bonificaciones, con ejércitos de planilleros, nepobabies, haraganes, amantes y operadores políticos. Eso sí, las obras se suspenden, se paralizan, se atrasan y se encarecen, en los hospitales no hay remedios ni insumos básicos; si un equipo se descompone, ya queda así por tiempo indefinido; las escuelas se caen a pedazos, hay ambulancias y patrulleras eternamente sobre tacos y muchísimos otros ejemplos que abundan.
En ese mismo orden, cuando se dice que el dinero para la Universidad Nacional “está garantizado”, los estudiantes pueden estar tranquilos de que habrá suficiente plata disponible para que todos los funcionarios allí contratados perciban sus haberes, hagan o no bien su trabajo. Eso sí: invertir en mejorar la universidad en todos los órdenes y elevar la calidad de la educación profesional a niveles de excelencia, eso, es más que dudoso.