Cargando...
Hace mucho tiempo que las instituciones en la República del Paraguay no son tan bastardeadas como lo están siendo en estos últimos tiempos en general, y en las últimas horas en particular. Un plan cuasi consumado de “aumentazos” para parlamentarios arrojó al país a una crisis que parecería haber sido impulsada por algunos cartistas, negociada en tiras y aflojes por los cartistas, y aparentemente resuelta de un plumazo por el fundador del cartismo.
A través de un anuncio realizado en redes sociales, el líder de Honor Colorado y presidente de la ANR, Horacio Cartes, instruyó a todos, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo incluidos, que no habrá ningún aumento. Tras indignadas protestas ciudadanas, en un escueto comunicado divulgado por redes sociales y encabezado por las siglas HC, Horacio Cartes, anunciaron: “Honor Colorado decide NO acompañar el proyecto de aumento salarial a congresistas”. Es decir, aquellos legisladores cartistas que pidieron el “aumentazo”, que lo defendieron con la excusa de ¡¡¡evitar corrupción!!!, y el Presidente de la República –candidato del cartismo– que los presupuestó en una adenda al Parlamento y luego denunció una extorsión, todos quedaron expuestos y degradados, con la autoridad socavada, con sospechas de hechos punibles y con un tremendo costo político para nuestra propia institucionalidad.
¿Puede alguien en su sano juicio dudar quién verdaderamente concentra el poder para gobernar, mandar, imponer y resolver un asunto de Estado que llevó a acusaciones de delitos como “extorsión” por parte del Ejecutivo y “negociación” por parte del Legislativo?
Con la fuerza de un misil cayeron los dichos del presidente Santiago Peña, exministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartes, quien no dudó en usar la palabra “extorsión” para explicar los impopulares aumentazos. Según Peña, los reclamos de incrementos salariales habrían provenido de parlamentarios colorados y opositores a cambio de no modificar el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
En entrevista con Unicanal, el residente dijo textualmente: “Entonces, viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dicen: ‘¿Sabés qué, Presidente? Nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir: nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial’. ¿Es impopular? Es superimpopular”. Reclamado por los entrevistadores de que eso era una extorsión, Santiago Peña afinó más la puntería: “Es una extorsión… Es una extorsión. El Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo”.
Como si ya no hubiera bastado el demoledor sincericidio del Jefe de Estado, pocas horas después el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, se atribuyó la potestad –desde su investidura de titular de OTRO poder– de desacreditar, explicar, ningunear y hasta restarle validez a las expresiones de la cabeza del Poder Ejecutivo y Presidente de la República. Según sus dichos, fue solo un “pedido cordial” y hasta fue más lejos: fue una negociación y no una extorsión. Del cómo sabe el presidente del Congreso el intríngulis de las negociaciones y la médula del trato que Santiago Peña calificó como “extorsión”, nadie sabe. O quizá sí hay alguien que lo sabe, el propio senador Silvio Ovelar quien hasta dio detalles de la conversación: “Hubo pedidos en un trato cordial y de ninguna manera fue condicionada. Ocurre que estamos en juego de una hipocresía sin límites”. ¿Quien es el hipócrita? ¿Santiago Peña?
Para agravar la situación, el vicepresidente Pedro Alliana se sumó a la controversia y dejó al jefe de Estado poco menos que un palo de gallinero, al afirmar también, en la línea del titular del Congreso, que no hubo “extorsión”. Así que el gran perdedor en este entuerto parece ser Santi Peña.
Dada la magnitud del dinero en juego para unos aumentazos que significarían unos G. 8.000 millones del erario a desembolsar para 125 senadores y diputados, esta vuelta, la historia no parece tener el rango de un criollo trato apu’a de compraventa de cédulas en una ciudad del interior del país, sino la potencia de una medida nacional que impactaría de lleno en el Presupuesto General de la Nación y más directamente en el bolsillo de todos los paraguayos. El “pedido cordial” debió haber sido todo, menos cordial, como para que el propio Presidente de la República calificara el hecho como una “extorsión” aunque el día de ayer cambió la palabra a “conversación”.
No son pocos los juristas que opinan que se puede hablar con total propiedad de una tentativa no acabada de extorsión ya que no habrá, aparentemente, daño patrimonial. Y que la denuncia realizada públicamente por el presidente Santiago Peña debiera ser investigada, por mismísima acción presidencial o por iniciativa del Ministerio Público. Quien acusó de extorsión fue el Presidente de la República, cabeza del Poder Ejecutivo. Y a quienes acusó fue a parlamentarios colorados y opositores, miembros del Poder Legislativo. El escándalo es demasiado grande y grave como para esconderlo bajo una alfombra, desdecirse de la grave calificación y terminar en un folclórico opareí.