Brunetti no puede seguir un solo día más en el MEC

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, anunció que renunciará el 11 de marzo con el fin de ocuparse de su campaña electoral. No se entiende bien por qué esperar hasta esa fecha, cuando su decisión de hacer dupla con Hugo Velázquez y presentarse como precandidato a Vicepresidente de la República en la interna del Partido Colorado ya se hizo pública el 28 de febrero y es razonable pensar que se tomó bastante antes. Desde luego, aspirar a cualquier cargo electivo estando habilitado para ello es perfectamente legítimo, pero si hay un lugar en este momento donde no hay tiempo que perder, ni siquiera un día, y donde se requieren máxima dedicación y total concentración, sin distracciones de ningún tipo, ese es el Ministerio de Educación y Ciencias.

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Después de la catástrofe sanitaria, la debacle educativa es la peor consecuencia que ha dejado la pandemia, peor aún que los golpes económicos, porque estos son relativamente de corto plazo, sectoriales y reversibles en la mayoría de los casos, mientras que el impacto en la educación profundiza dramáticamente la extrema debilidad estructural que ya de por sí se sufría en este campo tan crucial para el desarrollo del país y para el futuro de esos niños, adolescentes y jóvenes que hoy se están formando, aunque la palabra correcta sería “malformando”. Por este motivo, ahora la educación debe ser la primera prioridad nacional, por encima de cualquier otra de cualquier índole, pero a la hora de la verdad pareciera que muchos no lo aprecian de esa manera. Por lo que se ve, ni el propio ministro.

De boca para afuera todos declaman que la educación es la única vía para romper el círculo vicioso del subdesarrollo y de la pobreza, pero en la práctica solo una parte de la sociedad actúa en consecuencia, empezando –sin querer poner a todos en la misma bolsa– por muchísimos padres y madres de familia que se resisten a invertir en la educación de sus hijos y esperan todo de arriba, y terminando por políticos, gobernantes, responsables directos y un alto porcentaje del estamento docente, por supuesto con honrosas excepciones, que se preocupa más por conseguir aumentos indiscriminados de sueldos, bonificaciones y jubilaciones de privilegio, sin dudar en recurrir a permanentes huelgas y amenazas, que por elevar la cada vez peor calidad de la educación.

Los hechos están a la vista y no se pueden esconder. La última prueba PISA que se hizo en Paraguay, con metodología internacional estandarizada, data de setiembre/octubre de 2017, antes de la pandemia. El 68% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel básico en lectura, lo que significa que no tenía la capacidad de comprender mínimamente textos acordes a su edad; el 92% no lo alcanzó en matemáticas y el 76% en ciencias.

Y no es un problema de disponibilidad de recursos, como lo quieren hacer ver de manera simplista y reduccionista, sino de mala utilización de los mismos. Si bien nunca es suficiente, hace muchos años el presupuesto de educación está en primer o en los primeros lugares de la asignación del gasto público. Incluso durante la pandemia, prácticamente sin clases presenciales, el presupuesto ejecutado del MEC creció más de 30% en relación con 2019, la mayor parte (alrededor de dos tercios) destinada a servicios personales.

Hay 78.000 personas que cobran rubros docentes del Estado, lo que insume más de 1.000 millones de dólares al año. Esta planilla nunca se ha depurado, cuando es ampliamente sabido que muchísimos son administrativos supernumerarios, operadores políticos, miembros de la clientela de los caudillos partidarios. Pese a ello, se han venido otorgando aumentos salariales generalizados no sujetos a evaluaciones de desempeño, para que al menos reciban el ajuste aquellos que se lo merecen, y no los planilleros y los haraganes.

En el informe de PISA 2017 Paraguay figuró noveno entre doce países en la relación entre el gasto público en educación y el rendimiento en lectura de los alumnos. También estaba entre los últimos en el continente en horas nominales de clase, con un promedio de 7.448 horas/año, frente a 9.542 en Chile, 9.333 en Ecuador, 9.000 en Honduras, 8.640 en Argentina, 8.300 en México, por citar algunos.

Asimismo, el 31% de los estudiantes encuestados sufrió una suspensión total de la actividad escolar en el período y el 85%, suspensión habitual de clases. El 81% respondió que ello se debió a que hubo huelga docente y el 85,3% que sus profesores faltaron a clases o llegaron tarde. Al mismo tiempo, entre el 45% y el 86% se quejó de que se perdía tiempo en clase porque el profesor usaba ese espacio para otras actividades, ya sea utilizando su computadora o celular para asuntos que no eran del curso, o para asistir a reuniones en horario escolar.

Entretanto, el 40% de los docentes tenía otros empleos, lo que contrasta con el hecho de que más del 80% del plantel de maestros del MEC cumple por lo menos dos turnos, lo que sugiere que le restan tiempo y dedicación a sus clases para ocuparse de otras actividades remuneradas.

Todo esto era antes de la pandemia, ahora es mucho peor. Los estudios que se han realizado en la región y a nivel mundial confirman que, por diversos motivos, los métodos a distancia no han estado ni cerca de ser un sustituto aceptablemente adecuado en la educación básica y Paraguay no es la excepción. Se estima que se requerirán al menos once años de refuerzos y tutorías para compensar parcialmente el tiempo perdido y recuperar los niveles previos a la interrupción de las clases presenciales. Para muchos de los que hoy están en el sistema, sobre todo para los más pobres, eso no ocurrirá jamás.

Con este panorama, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya mismo debe nombrar a una persona idónea que dedique todo su esfuerzo, toda su inteligencia, toda su preparación, toda su atención y todo su tiempo exclusivamente a elaborar y aplicar estrategias acordes a la situación, con coraje personal y político para llevar adelante una revolución institucional en el MEC.

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